La jueza de la Audiencia Nacional de España Carmen Lamela dejó este lunes en libertad al jefe de la Policía regional catalana (Mossos d'Esquadra), Josep Lluis Trapero, acusado de sedición, le retiró el pasaporte y le prohibió salir de España, informaron fuentes jurídicas.

La Fiscalía había pedido para Trapero prisión incondicional sin fianza, por su actuación en el referéndum independentista ilegal del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.

La magistrada tomó la decisión, al no poder vincular por el momento al jefe de los Mossos en el asedio por el que varios agentes de la Guardia Civil (en calidad de policía judicial) permanecieron casi 24 horas encerrados en la Consejería de Economía catalana el pasado 20 de septiembre en un registro vinculado a los preparativos de la consulta ilegal.

Aunque rechazó la petición del Ministerio Público, Lamela, que también le impuso comparecencias quincenales ante la Justicia, advirtió a Trapero de que si incumple alguna de las cautelares podría agravar las medidas impuestas.

Se trata de las mismas medidas cautelares acordadqw horas antes para la intendente de la policía regional catalana, Teresa Laplana, para quien la Fiscalía había pedido prisión eludible bajo fianza de 40.000 euros.

En el auto, la juez subraya que la investigación se circunscribe hasta el momento a los acontecimientos ocurridos los días 20 y 21 de octubre en la sede de la Consejería de Economía, que hasta la fecha son los únicos hechos denunciados por el Ministerio Público, sin que hayan sido objeto de ampliación.

La actuación de Trapero esos días "no aparece todavía suficientemente perfilada hasta el punto de poderle vincular en este momento a hechos tan graves como los que esos días sucedieron, sin perjuicio de lo que pueda determinarse en una fase más avanzada de la investigación".

Frente a las acusaciones de la Fiscalía en su denuncia, Trapero explicó que abrieron "los pasillos para los retenidos así como para la salida de la comisión judicial que luego no fueron utilizados en los momentos en que estaban previstos, y que no actuaron contra los concentrados al estimar que, dado su volumen, ellos podría haber generado una grave alteración del orden público".

La Fiscalía pidió prisión incondicional, al argumentar que no se efectuaron los cordones necesarios para formar un pasillo a través del cual poder llegar a los detenidos en la Consejería y por no haber tomado medidas para evitar que la concentración evolucionara.

También reprocha al jefe de los Mossos no haber rescatado los efectos que estaban en los tres vehículos de la Guardia Civil, entre ellos varias armas, así como no haber asegurado adecuadamente la salida de la comisión judicial y de los agentes.

Los manifestantes destruyeron los tres vehículos de la Guardia Civil.

Además de Trapero y de la intendente de los Mossos, también están citados para declarar en la Audiencia Nacional los líderes de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

Ambos están acusados de ser "por su capacidad de convocatoria" los principales responsables de promover aquellas concentraciones.

EFE